Los inscritos a la sesión pudieron formular cuestiones a diferentes expertos de Montero Aramburu Abogados
La Asociación de Fabricantes y Empresas de Servicios de Córdoba (ASFACO) en colaboración con la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, IMDEEC y con la organización de Montero Aramburu Abogados celebraron una jornada online en tiempo real en la que expertos profesionales de diversas disciplinas jurídicas analizaron la problemática más relevante respecto de las últimas novedades legislativas relativas a la crisis del COVID-19 y resolvieron todas las dudas que plantearon las personas inscritas sobre expedientes de regulación de empleo, la suspensión o paralización de actividades, el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales, el régimen de suspensión de los contratos administrativos o la responsabilidad de los administradores por pérdida entre otros asuntos.
Este webinar gratuito fue inaugurado por el Presidente de Asfaco, Jesús Coca, de la mano del alcalde de Córdoba, José María Bellido quien junto a Ángel Herrador Leiva, Delegado Territorial de Empleo, abordó las principales medidas lanzadas por el gobierno cordobés y autonómico para minimizar el impacto del Covid-19 en las empresas y autónomos, así como el escenario más inmediato que se presenta en el plano social-económico.
El Presidente de CECO y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, manifestó que hay más de 7.000 expedientes de regulación de empleo presentados en la provincia de Córdoba en las últimas semanas y que es necesario un plan de choque para ayudar a las pymes y a los autónomos.
En primer lugar, la ponente, María Martínez-Avial Guerra, abogada y socia del departamento de Derecho laboral de Montero Aramburu Abogados analizó las diferencias existentes entre los ERTES de fuerza mayor y los basados en causas objetivas, haciendo especial alusión a las posibles medidas a adoptar por las sociedades que, tras la finalización del estado de alarma, continúen con la imposibilidad de reanudar su actividad o con una reducción muy significativa de la misma. Seguidamente, Soledad Fernández Reyes, abogada y socia del departamento de Derecho civil y procesal expresó desde la perspectiva contractual, las opciones existentes ante la dificultad o imposibilidad de cumplir los contratos en materia de arrendamiento, préstamo, ejecución de obra y compra de vivienda sobre plano. Posteriormente, Agustín León Gonzalez, abogado y socio del departamento de Derecho público analizó las medidas aprobadas en relación con la contratación administrativa, insistiendo en que su alcance y efectos dependerán del tipo de contrato celebrado con la entidad del sector público, exigiéndose con carácter general una actuación proactiva ante éste por parte del contratista, ya sea para suspender los efectos del mismo que es un trámite necesario para reclamar posteriormente indemnización, ampliar el plazo de ejecución o reequilibrar económicamente el mismo, según los casos.
Por último, María Garrido Moreno, abogada sénior del departamento de Derecho Mercantil, expresó que se han abordado las medidas de carácter excepcional que se han adoptado durante la duración del estado de alarma en relación con la celebración de sesiones de órganos colegiados, la formulación, verificación y aprobación de Cuentas Anuales, así como la suspensión de determinados deberes de los administradores como el de convocar a la Junta General en caso de acaecimiento de causa de disolución o el deber de solicitar el concurso de acreedores. Asimismo, se han tratado las difíciles situaciones en las que se están encontrando las empresas y determinadas recomendaciones de cara a hacer frente a las mismas.
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